DESDE MI PROA

RESCATES Y ARMADA

Desde mi proa, además de oír el batir de la mar en el bulbo del barco, oigo escandalizado y triste las peticiones de personajes políticos que algún día pretenden gobernar y dirigir este país, que se salten las más mínimas normas de seguridad marítimas, como es el salvamento de vidas en peligro en medio de la mar.

La solicitud actual de Miguel Tellado, uno de los portavoces del Partido Popular, de que la Armada Española cambie su misión de defensa y vigilancia de la seguridad marítima en aguas españolas, por la de "desplegar una serie de embarcaciones" con el objetivo de detener la salida de cayucos de los países de origen hacia territorio nacional”, acción que ya fue requerida en 2020 por el líder de Vox, Santiago Abascal.

Esta solicitud de actuación de la Armada Española representa el desconocimiento absoluto de la primera ley del mar “el rescate de vidas en peligro en medio del mar y su posterior traslado a lugares seguros”. Fue la misma Armada que, en 2017 participó en el Mediterráneo en una misión europea apoyada en el Congreso de Diputados, la que realizó el rescate de más de 1800 personas a través de la actuación de la fragata Canarias.

Durante mucho tiempo, personas en estado de desesperación en todas partes del mundo han arriesgado sus vidas a bordo de precarias embarcaciones no aptas para navegar. En su día, recordemos, fuimos los españoles los que emigramos al extranjero en busca de nuevas oportunidades.

La Organización Marítima Internacional (OMI), dependiente de la ONU, adoptó en 2004 una serie de enmiendas a dos de los convenios marítimos internacionales más relevantes, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR, 1982) y el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (Convenio SOLAS, 1974), ambos signados por España y son por lo tanto de obligado cumplimiento. Estas enmiendas determinan que todo capitán de un barco, que estando en el mar en condiciones de prestar ayuda y reciba información de la fuente que sea que le indique que hay personas en peligro en el mar, debe acudir a toda máquina en su auxilio. Además, deben informar de ello, si es posible, a dichas personas o al servicio de búsqueda y salvamento y también es compromiso que los estados miembros tienen la obligación complementaria de coordinar y cooperar para que las personas que han sido rescatadas en el mar puedan ser trasladadas a un lugar seguro lo antes posible.

El pasado año 2023 fue el año más mortífero registrado para los migrantes marítimos, con más de 8.500 muertes registradas por la Organización Internacional para las Migraciones. Este año 2024 va por el mismo camino. Desde 2014, se ha informado de la muerte o desaparición de más de 26.000 personas en el mar. A pesar de las elevadas cifras, la difícil situación de estas personas a menudo pasa desapercibida para el público en general, lo que subraya la necesidad de adquirir una mayor conciencia y capacidad de acción.

Es por todo ello que, a nosotros, la gente de mar, conocedora de las normas y leyes primarias del mundo marítimo en el que el rescate de personas es un deber casi tan antiguo como la propia navegación, nos escandaliza oír tales solicitudes que realizan políticos como Miguel Tellado o Santiago Abascal, quienes deberían estudiarse los compromisos internacionales que ha firmado el estado español, antes de realizar tales requerimientos que son todo un despropósito.

                                                                                                                                   JAVIER PERIS

                                                                                                                                MARINO MERCANTE